PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y DE CONDICIÓN, DE DETENCIÓN A ADOLESCENTES MUJERES DEL CENTRO DE REINTEGRACIÓN DE VILLA ROJAS EN EL MUNICIPIO DE PORVENIR

Abstract

La incorporación de la perspectiva de género se centra en la prevención del delito y la promoción de sistemas de justicia penal eficaces, justos, humanos y responsables. No hay intervenciones neutrales al género cuando el objetivo final es mejorar la vida de todas las personas, mujeres y hombres, niñas y niños, así como de las personas de características corporales y orientación sexual diversa y/o identidades de género diversas o plurales. De esta manera, la incorporación de la perspectiva de género debe responder y ser sensible a la naturaleza diversa y muchas veces interseccional de la discriminación a la que se enfrentan las personas. El objetivo de esta investigación es analizar las Reglamentaciones Internas las cuales garantice el pleno respeto de los derechos de las adolescentes conforme a la ley lo establece desde una perspectiva de género. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cómo afecta el desconocimiento de la perspectiva de género en los procesos judiciales y condición de detención a adolescentes mujeres con responsabilidad penal del Centro de Reintegración de Villa Rojas en el Municipio de Porvenir, Departamento Pando? En este contexto el desconocimiento tiene consecuencias profundas y negativas, al no considerar las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres desde temprana edad (como violencia de género, discriminación y falta de acceso a derechos básicos), los procesos judiciales tienden a revictimizarlas, juzgándolas bajo criterios masculinizados que no toman en cuenta sus circunstancias particulares. La pregunta de investigación se responde a través de un enfoque integral que combina la reforma normativa, la atención especializada y la prevención, se podrá garantizar el bienestar y la reinserción social de las adolescentes. Teniendo esto en cuenta, se recomienda una revisión profunda de la normativa interna y judicial, así como la implementación de programas socioeducativos específicos que abordan las causas estructurales y sociales que subyacen a la problemática de las jóvenes en conflicto con la ley.