PROYECTO DE LEY DE ANTIMONOPOLIOS EN BOLIVIA

Abstract

La regulación de monopolios hoy en día requiere de un estudio minucioso en vista al desarrollo jurídico, económico y social del país. Es cierto que ha existido la preocupación por el problema de la concentración económica, como lo prueban las empresas productoras y comercializadoras de bienes de exportación y de insumos o servicios básicos. Sin embargo, dichas concentraciones económicas carecen de una propuesta alternativa que signifique no sólo una real desconcentración sino también una mayor eficiencia económica que contribuya al bienestar general. En efecto, las empresas productoras y comercializadoras de bienes de exportación y de insumos o servicios básicos derivan en la sustitución de un monopolio privado por uno público sin ningún beneficio para los consumidores nacionales, o en un cambio de manos que sólo trajo consigo mayor ineficiencia en menores niveles de producción y, por lo tanto, una mayor dependencia respecto al exterior. Más aún, los controles y regulaciones sobre la actividad económica no hicieron sino crear mayores oportunidades para acentuar la concentración económica, creándose nuevos monopolios tanto o más peligrosos. Y la decisión de a quién se otorgan dichos controles y regulaciones y en qué grado, no sólo es, en todos los casos, arbitraria, sino que termina favoreciendo siempre a las empresas más grandes, ya sea porque son las que cumplen más fácilmente con los “requisitos formales” que exige la llamada burocracia, o porque tienen personas más allegadas al poder público o dinero para sobornar a los burócratas. La concentración no se origina únicamente por el funcionamiento imperfecto del mercado sino también por la forma en la cual el Estado interviene en la economía. Pero, lo cierto es que existen formas de intervención correctas que promueven la eficiencia y el bienestar social y otras incorrectas que no hacen sino crear mayor concentración e ineficiencia y, por lo tanto, mayor pobreza y dependencia. El tema de los monopolios está íntimamente vinculado con el problema del acceso al mercado y a los servicios públicos, es decir, con barreras tanto privadas como públicas que dificultan este acceso, y esto ocurre aún en una economía como la de Bolivia, donde sólo un sector privilegiado ha tenido siempre las puertas abiertas para producir y obtener los favores del Estado. Es justamente hacia la eliminación de estas barreras o actos anticompetitivos que debería estar encaminada una legislación antimonopólica que busque realmente contribuir al desarrollo económico y no se constituya en un simple mecanismo de control de precios o de prohibición de acaparamientos. El primer paso consiste, por lo tanto, en entender la naturaleza de dichas barreras para luego ver si es necesario suprimirlas y en qué forma.